El secuestro es una consecuencia del pago del rescate del pesquero "Playa de Bakio", y es que ya lo advirtió el servicio de inteligencia, si se paga el rescate pondremos a nuestros barcos en el punto de mira. Pero lo bonito era pagar y salir en la foto como "solucionadores del problema". Podían haber pagado y haber impedido que el dinero hubiese llegado a los secuestradores como hicieron previamente los franceses.
Pero realmente lo más desastroso de caso es el apresamiento y puesta a disposición del juez de los dos secuestradores.
La Inteligencia Militar recomendó la no captura de los piratas en un informe previo a la operación; la justificación era que, el detener a los dos piratas interferiría con la resolución del secuestro. Pero la célula de crisis, que preside la Vice-presidenta Fernández de la Vega, autorizó la operación de apresamiento de los dos piratas. Esta decisión fue obligada por los protocolos de actuación de la "Operación Atalanta".
Cuando el abogado de la Armada puso en conocimiento de la Audiencia Nacional el apresamiento de los dos piratas, solicitó el "canje de notas" con Kenia, tal y como dispone el tratado firmado entre la UE y Kenia. El juez de guardia de la Audiencia Nacional no se podía hacer cargo de los dos piratas si no había denuncia, y es en ses momento cuando nuestra Vicepresidenta aparece para obligar a la Abogacia del Estado a presentar la denuncia. Ante la presentación de la denuncia, el juez debía determinar si hacer un "canje de notas" o instruir un proceso penal. Pero resultó que el juez de guardia ese 3 de octubre era el "insaciable" juez Garzón, el cual debió pensar que traerse a los dos piratas era una oportunidad de primera página.
Y a partir de este momento, empieza el esperpento y la chapuceria de la actuación de la Justicia Española. Que si el pirata es menor de edad y se le envía a un centro de menores, que no, que es mayor de edad y se le reenvía la cárcel y repetición de la jugada.
La situación a día de hoy esta embarrancada porque los secuestradores exigen la puesta en libertad de los dos piratas encarcelados, algo que no es fácil al haberse puesto en marcha la maquinaria judicial, sólo hay dos opciones:
- Realizar un juicio rápido y enviar a los piratas a Somalia a cumplir condena. El principal problema es que no hay tratado de extradición ni de reciprocidad. El gobierno tendría que retorcer en exceso el marco jurídico para esta opción, con lo que la maltrecha imagen de la Justicia no haría sino empeorar.
- Acusar a los piratas de un delito menor e iniciar un proceso de expulsión. Esta opción no sería bien vista por nuestros socios europeos, ya que pondría en entredicho la fuerza moral de la "Operación Atalanta".
Como se puede ver, el Gobierno esta en un dilema de difícil solución por la temeridad de la Vicepresidenta Fernández de la Vega (seguro que con la intención de apuntarse un tanto mediático) y la inefable colaboración del juez Garzón. Y mientas tanto, el Presidente del Gobierno pidiendo silencio a todo el mundo (ese mismo señor que echo gasolina en los casos "Prestige", en la investigación del 11-M; que hubiese pasado si Aznar hubiese pedido silencio los días 11-13 de marzo en aras del bien de la investigación).
Dejaré para otro día las siguientes preguntas:
- ¿Debemos defender a unos barcos que faenan sin la Enseña Nacional, incumpliendo así las leyes del mar?
- ¿Quién debe pagar el rescate: el Estado o el seguro de los Armadores?
- ¿Quién debe proporcionar seguridad a nuestros barcos: el Ejercito o empresas privadas de seguridad?
- ¿se debes o no pagar?
