miércoles, 21 de abril de 2010

A vueltas con el Estatuto de Cataluña y el tribunal Constitucional


Constitución Americana

La democracia (del griego "δημοκρατία", compuesto de las partículas "demos" que significa pueblo y "cracia" poder)  tal y como lo conocemos actualmente nace en el siglo XVIII en la Revolución Francesa y la Independencia Americana, aunque existe el precedente del sistema político de la Inglaterra del siglo XVI.


Los padres de la Constitución Americana, muy influidos por Montesquieu, elaboraron una constitución que consagraba el principio de frenos y contrapesos entre los tres Poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) para evitar la tiranía.


Hoy asistimos en España al intento de subyugar unos de los tres poderes del Estado, el Judicial, a los otros dos poderes, en relación a la decisión que el Tribunal Constitucional tiene que hacer de los 2 recursos contra la aprobación del Estatuto de Cataluña.


Las historia de este proceso tiene tintes esperpenticos gracias a las torpezas del Presidente Rodriguez Zapatero. 


Resumen de los hechos:


1. En la campaña electoral del 2003, cuando todas las encuestas le dan como perdedor, José Luis Rodriguez promete en el Palau Sant Jordi

  «apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán»

2. Una vez elegido Presidente, en lugar de dar marcha atrás en este espinoso tema, la vertebración del Estado, se empeña en seguir adelante y hacer de la reforma del estatuto uno de los ejes de su política. Aqui se ve reflejado su poca estatura de Hombre de Estado, a diferencia de lo hecho por Felipe González con su promesa electoral del año 82 de sacar a España de la OTAN.


3. Ante los recursos interpuesto por el Partido Popular, el Defensor del Pueblo (político del PSOE) y del Gobierno de Murcia contra el Estatuto Catalán, aprobado por Parlamento Catalán el 30 septiembre de 2005, el 30 de marzo de 2006 por el Congreso de los Diputado y refrendado por referéndum popular el 18 de septiembre de 2006 (sólo 4 de cada 10 catalanes votaron a favor) [Para saber más sobre la cronologia del Estatuto Catalán] el Presidente del Gobierno decide asegurarse una mayoría de magistrados "progresistas" en el Alto Tribunal prorrogando el mandato de su Presidenta que vencía en 2007.


4. Ante el curso que toma el  debate en el seno del Tribunal Constitucional, el Gobierno se empieza a poner nervioso ante el naufragio de su buque estrella, la reforma del Estatuto Catalan, así asistimos al bochornoso espectáculo de la bronca de la Vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, a la Presidenta del Constitucional en el Día de la Hispanidad del 2007.



5. Desde el año 2007, asistimos a los ataque por parte de los políticos catalanes y del PSOE al Tribunal Constitucional ante una eventual sentencia que declare inconstitucional gran parte del Estatuto Catalán. Trata de deslegitimar al Alto Tribunal diciendo que el Estatuto ha sido votado por el Pueblo Soberano en un referéndum, y que unos jueces no pueden alterar la voluntad popular. La culpa de poner al Tribunal Constitucional en esta situación es del PSOE, por haber derogado el recurso previo de anticonsticionalidad en el año 85 (Ley organica 4/1985), este mecanismo impedía que la leyes recurridas entrasen en vigor antes de una decisión del Tribunal sobre el recurso planteado.


Así, tras 4 años, seguimos sin sentencia del Tribunal Constitucional, mientras tanto, el Gobierno y el Parlamento Catalán se dedica a desarrollar el Estatuto a través de leyes y disposiciones, preparando un verdadero aquelarre en el caso de que el Estatuto sea declarado anticonstitucional y haya que desmontar todo el entramado jurídico de él derivado.


El único responsable de este desaguisado es una persona, José Luis Rodriguez Zapatero por:

  1. Impulsar una reforma del Estatuto que nadie quería (sólo 4 de cada 10 catalanes  han votado a favor)
  2. Por prorrogar el mandato de la Presidenta del Tribunal con ánimo de mantener una mayoría de jueces "progresistas" para asegurarse una sentencia "suave"
  3.  Por presionar al Alto Tribunal para que no haya una sentencia que destruya el Estatuto por ser anticonstitucional.

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