Ayer veiamos entrar a Baltasar Garzon en el Tribunal Supremo para declarar en el juicio de las escuchar del caso Gürtel. A la entrada del Supremo, un grupo de apoyo al juez volvia a usar los esloganes de la izquierda para ensombrecer la labor del Supremo, asunto ya tratado en este blog (aqui, aqui y aqui). De todos los que hicieron declaraciones (Llamazares, Chacón, etc) voy a responder a Carmen Chacón: una democracia es mucho más grande cuando un juez se sienta en el banquillo, eso significa que nadie esta por encima de la Ley.
El juicio de ayer, uno de los tres a los que se enfrenta Garzón, es el más peligroso para el juez desde el punto de vista penal, ya que será el que con toda seguridad acabe con su carrera por su posible inhabilitación. En este juicio se acusa al juez de vulnerar derechos fundamentales, hecho muy grave en la figura de un juez que se supone tiene que ser garante de esos derechos.
Os traigo aqui las palabras de alguien que conoce mucho mejor el edificio constitucional que este pobre lego que escribe.
Extractos del articulo de José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, publicado en el diario El Mundo.
"(...)las escuchas ordenadas judicialmente en centros penitenciarios entre detenidos y sus abogados vulnera varios derechos fundamentales contenidos en el artículo 24 de la Constitución, y por consiguiente son nulas, esto es, no pueden ser usadas como pruebas en el proceso. Ahora bien, esta declaración de nulidad todavía deja abiertos otros dos problemas: uno, si la ilicitud de las escuchas contamina a otras pruebas, conectadas o derivadas de las anteriores y consecuentemente las arrastra también a la nulidad; y dos, si las resoluciones judiciales ahora declaradas nulas son constitutivas incluso de delito"
"EN MI OPINIÓN, la ecuación es sencilla. En un plano particular, la incriminación de abogados en el ejercicio de su cargo y más exactamente mediante la quiebra de la confidencialidad de sus conversaciones privadas con sus defendidos, al arrasar el derecho de defensa y descubrir la intimidad personal de ambos, produce un daño ilegítimo no sólo en sus derechos individuales sino una catástrofe en el sistema constitucional. Por el contrario, es difícil evaluar los beneficios e identificar a los beneficiados. ¿Quién se beneficia de que el Estado pueda conocer nuestra estrategia defensiva, nuestras inquietudes y debilidades ante una acusación criminal? ¿Qué ciudadanos mejoran sus condiciones de vida al saber que ni siquiera pueden hablar libremente, sin injerencias estatales, con su abogado? ¿Quedaría algo de lo que llamamos proceso justo, si quien nos acusa y nos juzga conoce todo lo que hablamos precisamente para defendernos? ¿Hay alguien que se sienta ganador con esta opción?
Desde una óptica general, la exigencia de eficacia en la lucha contra la delincuencia no puede tener como contrapartida una excepcionalidad procesal consistente en la quiebra de los derechos fundamentales y de sus garantías constitucionales. Con otras palabras, la lesión de los derechos fundamentales perjudica siempre a todos los ciudadanos, o lo que es lo mismo: la intervención estatal que respeta la Constitución siempre beneficia a todos y no perjudica a nadie. Es decir, que la exigencia de eficacia del Estado en la represión del crimen debe estar unida inexorablemente al respeto a las libertades constitucionales."
-- Juan Pedro Franco
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